viernes, 12 de octubre de 2018

El informe. La Mezquita (y España)

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Con Isabel Ambrosio, Federico Mayor Zaragoza y Alejandro García Sanjuán, en la presentación del informe. Foto de prensa

Tras un largo período en el que he tenido muy descuidado el blog, intentaré ir poniéndolo un poco al día. Y tengo que empezar por lo más "mediático", por el informe sobre la propiedad de la Mezquita Catedral de Córdoba que realicé para el Ayuntamiento de Córdoba en colaboración con Carmen Calvo (hasta su nombramiento como vicepresidenta del Gobierno de España), Alejandro García Sanjuán y Federico Mayor Zaragoza. Al informe se puede acceder en pdf a través, por ejemplo, de la web del Ayuntamiento de Córdoba, que en un ejercicio de ilimitada transparencia lo puso a disposición del público desde el mismo momento de su entrega a la alcaldesa de la ciudad.

Son tantas las tonterías que se han publicado sobre este documento que ahora, un mes después de su presentación el pasado 15 de septiembre, resulta materialmente imposible darles respuesta a todas. En cualquier caso, tampoco merece mucho la pena intentar hacer valer la razón cuando del otro lado sólo se enarbola la bandera de la fé. Claro, que algo tendré que decir un día de esos que pontifican defendiendo su credo desde la supuesta autoridad científica que les otorgan sus cátedras universitarias. Que no conozco yo catedrático de física o de geología que se atreva a defender que la fe mueva montañas. Pero de historia parece que sí los hay... Ya os daré mi opinión sobre este tema en la próxima entrada.

Sobre el informe que ahora enlazo (aquí, os lo recuerdo), lo primero que quiero dejar claro es su destino: responde a un encargo realizado por la alcadía de Córdoba, que pretendía tener una información lo más completa posible sobre la historia y la situación jurídica de la titiularidad de la Mezquita para poder definir la postura que adoptaría el Ayuntamiento de la ciudad en este debate, pero haciéndolo con la máxima información. No es un informe para que un juez decida nada, como afirman por ahí supuestos expertos en derecho (vaya, tampoco parecen respetar la ciencia como físicos o geólogos algunos juristas). Sólo tiene la finalidad de informar a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Córdoba. Que el documento se haya hecho inmediatamente público es una decisión estrictamente municipal. Por aquello de la transparencia.

En la presentación del documento, la alcaldesa de Córdoba quiso dejar claro que ningún miembro de la comisión había cobrado por el trabajo, y que el gasto total en que ha incurrido el Ayuntamiento asciende a poco más de 800 euros correspondientes a los billetes de tren para asistencia a reuniones. Si desde los Emiratos han llovido petrodólares, como dicen algunos iluminados por ahí, a mi casa no han llegado (yo qué sé: igual creen que los petrodólares nos los hemos llevado los comunistas a Venezuela. ¡Vete tú a saber cómo funcionan esas cabezas!). Para que quede claro, y como estamos entre amigos, os voy a contar mis cuentas: el Ayuntamiento de Córdoba me ha costeado (que no pagado; nunca he recibido ni un céntimo, únicamente un billete electónico por correo-e) un billete de AVE de ida y vuelta Puertollano - Madrid, para asistir a una reunión de la comisión. Reunión tras la que, por cierto, tuvimos que comer en un restaurante; y esa comida la pagó... uno de los miembros de la comisión de su propio bolsillo. Mi desplazamiento hasta Puertollano y la vuelta, como los desplazamientos para la mayoría de las reuniones, que se han celebrado en Córdoba capital, han corrido todas por mi cuenta (200 kms. por reunión más gastos de aparcamiento, etc.). En días, por cierto, que me he tomado libres en el trabajo, restándolos por lo tanto a mis vacaciones, de la misma forma que las horas y horas dedicadas a documentación y redacción de los informes o a los debates con mis compañeros de comisión por correo-e o Whatsapp han salido de mis horas de sueño o de las que debía haber compartido con mi familia. No creo que sea la fórmula habitual cuando una institución encarga un informe técnico a especialistas, pero así ha sido. Quienes no se lo creen, debe de ser que son gentes que nunca han hecho nada gratis por los demás.

El resultado de este trabajo ha sido un informe que, en su parte histórica (en la jurídica no me siento cualificado para decir nada más de lo que pone) expone una serie de ideas que nos llevan a defender que la Mezquita Catedral de Córdoba siempre fue propiedad pública. Y hoy, 12 de octubre, más allá de exhibición de banderitas, creo que un buen acto de españolidad es la defensa de que, como ha sido durante toda su historia, la Mezquita de Córdoba siga siendo patrimonio común de todos los españoles.